En los primeros tiempos de la transición se agitó el tema de la inseguridad jurídica y, de vez en cuando, rebrota con más o menos furor el de la inseguridad ciudadana; pero, que yo sepa, nadie se mete a fondo con el problema cotidiano de la familia española de clase menos que media, y media también: el de la inseguridad social.
Probablemente, la omisión se debe a que el polo positivo, la «seguridad social», sale a menudo en la prensa.
La intoxicación informativa que conviene a este asunto —para que la opinión crítica no se desmadre—, ha sido dirigida siempre hacia los gastos, a los presupuestos desmesurados que exige la cobertura de enfermedad y vejez de la mayoría de la población. Hay que decir mayoría, porque no son todos los ciudadanos quienes la disfrutan, sino solamente los que la pagan, o la pagaron.
He ahí el quid de la cuestión, el argumento que diferencia, a la postre, la postura generosa de la egoísta y que desvirtúa el contenido «social» real de la seguridad así llamada. Porque, qué clase de cualidad social merece llamarse así cuando no se aplica a los menos favorecidos, a los sin trabajo ni, tampoco, a los contratados libres, que se supone que trabajan por cuenta propia y que si pretenden que no sea así, es decir, si tratan de cambiar su estatus y ser apuntados en la seguridad social, no son llamados para el «encargo» siguiente.
Es un hecho que el incremento de bienestar social, arrancado a los poderes tradicionales por los movimientos obreros, figura hoy en el programa de cualquier partido conservador. Nadie puede imaginar que la seguridad social, al menos la asistencia hospitalaria, fuera a desaparecer por la derechización del poder. Por eso las exigencias sociales no pueden ceder, mucho menos cuando sigue sin resolverse el problema de fondo: el de los que no reciben asistencia porque no cotizan, bien porque no pueden o porque no se les deja.
La experiencia cotidiana de esta forma de inseguridad es vivida sin protagonismo por dos marcos institucionales dispares, a saber: las fundaciones caritativas y la familia. Esta última da con ello otra razón más de su insustituible papel en la sociedad de consumo. Papel que consiste en hacerse cargo, en casa, de la seguridad de los mayores de veinticinco años parados o mal empleados.
El sistema rector actual, el «psocialismo», se aprovecha sin reparos del balón de oxígeno que la bien sufrida y sacrificada familia católica española le suministra. Pero quizás no ha reparado en los riesgos que comporta toda exigencia de balance. La imagen gráfica es trivial, pueril y, por ello, más convincente de lo preciso: ¿a quién no le ha faltado aire, oxígeno, cuando se ha puesto a inflar la pelota de playa del nene? Y si después de lograr con ímprobo esfuerzo llenarla ha surgido el segundo hermanito con un fláccido globo de lamentable aspecto, ¿cuál ha sido su respuesta —expresa o no—? Porque exactamente ésa es la respuesta que se está pidiendo a cientos de familias españolas desde la fallida esperanza del cambio. Que hinchen el segundo, cuando no el tercero, de los globos, balones más bien que representan la inseguridad social en que viven sus hijos adultos y desempleados.
Aunque el exabrupto y/o el improperio acompañen a la respuesta del pater o la materfamilias, la cobertura de esta pifia estatal social está asegurada. Ellos aportarán los medios sustitutorios hasta que sus hijos encuentren el camino. Más problemático y desesperanzador es el panorama para los indigentes. Pero éstos siempre lo han tenido crudo, y, además, muy pocos de ellos, si alguno, votan.
Si esta «frontera» alcanza a un miembro del ejecutivo es posible que alguna encuesta valore pronto cuántos votos se pueden ganar resolviendo la seguridad social de los no cotizantes. Aunque esa fuera la razón última de la solución, ¡bienvenida sería!
__________ Adenda a fecha 15 de MARZO de 2010.
Tengo la impresión de que uno de los impensables beneficios de la actual y prolongada crisis económica está siendo la acrecentada atención puesta por los poderes públicos para que el problema no se desmadre y deteriore el funcionamiento de la Seguridad Social española, que lo hace mejor que muchos países “más” desarrollados. Es una baza ganada desde tiempos anteriores a la democracia, que ésta, gobierne el partido que sea, no puede malbaratar. Y reconocido o no, es también un espejo en el que se miró antes U.S.A. el país (todavía) más poderoso del planeta.
Está en Internet, al alcance de cualquiera: el 23 de mayo de 2007, Sarah Senghas escribió, "Cuarenta y siete millones de americanos carecen de atención médica; de ellos, nueve millones son niños. Incluso para los que tienen seguro médico, en muchos casos la cobertura del mismo es precaria. Hillary Clinton ha hecho de la Seguridad Social un asunto prioritario en su carrera política."
Dos años y medio después, con Barack Obama de presidente, la Cámara de Representantes aprueba el proyecto de Ley que cuidará la salud del 96% de estadounidenses (36 millones, una cifra no alcanzada nunca, aunque pasen de 10 todavía los que se quedan fuera). El proyecto sale también "rebajado", precisamente en un punto que ocupó por las mismas fechas la atención del Congreso español: el aborto —que avanza en nuestra legislación en plazos y condiciones—, no será respaldado por dinero público en los Estados Unidos, excepto en casos de violación o cuando la madre se vea en peligro.
El proyecto de ley fue aprobado por el Senado en diciembre de 2009. Dos meses después el fallecimiento de Edward Kennedy ocasionó la pérdida de su escaño en el Senado y la mayoría pasó al partido Republicano. Las condiciones para la aprobación del proyecto siguen sometidas a discusión. De ser ratificado definitivamente, las aseguradoras privadas ya no podrán negarse a extender una póliza, prerrogativa que de mantenerse sería un desastre para muchos ciudadanos estadounidenses. Sin embargo otras voces, como la del historiador económico y premio Nobel Robert Fogel, opinan que "toda la agitación desatada en torno a los seguros médicos tiene más que ver con la fiscalidad que con los servicios sanitarios existentes"
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